La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (PRS), firmó un convenio de colaboración con IMSS-Bienestar con el objetivo de establecer las bases de coordinación entre ambas instituciones para fortalecer y garantizar el derecho a la protección de la salud de las personas privadas de la libertad en los Centros Federales de Reinserción Social.
Este mecanismo permitirá que las personas privadas de la libertad sean atendidas en hospitales de segundo y tercer nivel del IMSS Bienestar, donde recibirán servicios de especialidad, urgencias, cirugías, hospitalización y estudios diagnósticos.
Durante la firma, el titular de PRS, Jacobo Olaf Rodríguez García, reconoció la labor de IMSS-Bienestar por acercar servicios de salud a quienes más lo necesitan y destacó la relevancia del trabajo interinstitucional. “Estamos convencidos de que no puede haber reinserción sin condiciones mínimas de bienestar. Una persona que cuenta con atención médica adecuada, seguimiento de sus padecimientos y respuesta oportuna a sus necesidades de salud, tiene mayores posibilidades de reconstruir su proyecto de vida”, afirmó.
Por su parte, el titular de la Unidad de Atención a la Salud del IMSS-Bienestar, José Alejandro Ávalos Bracho, subrayó que este convenio fortalece la prestación de servicios bajo principios de universalidad, accesibilidad y continuidad, apoyados en una amplia infraestructura hospitalaria y herramientas que amplían la cobertura y la atención especializada. “La salud no se pierde por estar privado de la libertad. Es responsabilidad de nuestras instituciones garantizar su cuidado y preservación”, señaló.
Como parte de este esquema, PRS será responsable de identificar los casos que requieran atención médica especializada, gestionar las salidas temporales por razones de salud, realizar los traslados y garantizar la custodia, vigilancia y seguridad durante el proceso.
Por su parte, el IMSS Bienestar brindará atención médica, quirúrgica, hospitalaria, odontológica y de urgencias, así como estudios de laboratorio y gabinete, además de proporcionar medicamentos e insumos disponibles, bajo principios de trato digno, sin discriminación y con oportunidad.
Se establecerán espacios seguros dentro de las unidades hospitalarias para la atención de personas privadas de la libertad, en coordinación con las autoridades responsables de la seguridad.
El convenio contempla que, para la operación de servicios específicos, se suscriban instrumentos adicionales en los que se definirán los hospitales, tiempos de atención, recursos y responsabilidades de cada institución. Tendrá vigencia desde su firma hasta el 30 de septiembre de 2030.
Ambas instancias se comprometieron a garantizar la protección de los datos personales y la información médica de las y los pacientes, conforme a la normativa vigente en materia de privacidad.
Con este convenio, el Gobierno de México refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada para mejorar las condiciones de salud de las personas privadas de la libertad, contribuyendo así a su bienestar integral y a una reinserción social efectiva.
*—oo0oo—*
Añadir comentario
Comentarios