En la Cuarta Reunión de la Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo de Escazú, celebrada del 21 al 24 de abril en Nassau, Bahamas, la delegación mexicana, encabezada por la procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell, presentó los avances en la ruta nacional para su implementación.
Estos avances establecen acciones concretas a corto, mediano y largo plazo para garantizar el acceso a la información, la participación pública, la justicia ambiental y la protección de las personas defensoras ambientales.
En el marco de la sesión de Implementación Nacional, cuyo objetivo es presentar un panorama regional de las hojas de ruta nacionales, la procuradora Mariana Boy destacó que a cuatro años de la ratificación del Acuerdo, el país avanza en los compromisos normativos hacia su implementación efectiva mediante una estrategia de Estado. En su intervención, la titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) enumeró los avances más sustantivos de México:
1. Conformación de un Grupo Interinstitucional de Alto Nivel, responsable de integrar el diagnóstico, la línea base país y, fundamentalmente, de impulsar y ejecutar las decisiones soberanas sobre el proceso de implementación. Este grupo está liderado por la Secretaría de Gobernación, que en nuestro país es responsable de la política interior, lo que subraya que Escazú no es sólo una agenda ambiental, sino que es una política transversal del Estado. Le acompaña la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, asegurando la articulación entre la gobernanza democrática y la sustentabilidad.
2. Este grupo elaboró un diagnóstico a partir de la integración de los trabajos realizados en años recientes por las dependencias de gobierno, organizaciones civiles, academia, comunidades y empresas, en foros, talleres y reuniones.
3. Este documento se alineó con el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 y los programas sectoriales, incorporando sus principios en la normativa institucional. Es decir que el acceso a la información ambiental, la participación pública y la justicia ambiental están integradas al más alto nivel en la planeación de las políticas públicas.
4. Se fortaleció la metodología de la línea base con indicadores de estructura y proceso para identificar retos y definir acciones prioritarias. Este enfoque se basa en estándares de Naciones Unidas y permite monitorear avances y articular los principios de Escazú con el Sistema Nacional de Seguimiento de Derechos Fundamentales.
5. La ruta de implementación identifica acciones a corto, mediano y largo plazo, lo que permite avanzar de forma gradual en los pilares del Acuerdo de Escazú. Es una hoja dinámica que combina acciones inmediatas con cambios estructurales.
6. El trabajo se plasmó en un documento inicial, que tras la Conferencia de las Partes, se someterá a un proceso participativo para enriquecerlo con aportaciones de diversos sectores. Se prevé concluirlo este año y compartirlo a nivel regional como contribución al aprendizaje entre países.
México reiteró su compromiso con el Acuerdo de Escazú como una política de Estado orientada a fortalecer la protección ambiental, el desarrollo sostenible y la cooperación regional en América Latina y el Caribe.
De manera complementaria, el país ha impulsado la incorporación de la perspectiva de género en la política ambiental, mediante acciones como la generación de información desagregada, el desarrollo de indicadores con enfoque interseccional y la colaboración interinstitucional para garantizar una participación más equitativa en la toma de decisiones ambientales.
La delegación mexicana está conformada por la titular de la Profepa, Mariana Boy Tamborrell; la titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de la Semarnat, Camila Zepeda Lizama; el subprocurador de Prevención Ambiental, Alberto Rojas Rueda; y el representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Efraín Dávila González. Por parte de la sociedad civil asisten como parte de la delegación: Raquel Jiménez Acosta de Reforestamos México; Eduardo Alejandro Reyes Caballero, de Escazú Ahora México; y Mauricio Limón Aguirre, de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, entre otras organizaciones, lo que fortalece el carácter participativo de la reunión.
El Gobierno de México reafirma su compromiso con la implementación del Acuerdo de Escazú como una política de Estado orientada a garantizar el acceso a la información, la participación pública, la justicia ambiental y la protección de las personas defensoras ambientales.
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