La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que el Gabinete de Seguridad tiene instrucción de asistir a Sinaloa y reunirse con la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde.
“Es muy importante que, frente a este cambio de gobierno que se dio en Sinaloa, el gabinete de seguridad federal esté presente y fortalezca las actividades de coordinación y siempre dé ayuda y protección a su pueblo.”
La primera mandataria reafirmó que el gobierno federal no protege a nadie; el movimiento de transformación llegó al poder con la clara consigna de acabar con el régimen de corrupción y privilegios.
“Si no hubiéramos acabado con la corrupción, no tendríamos Programas para el Bienestar. ¿Cómo se explica que haya aumentado la recaudación 390 mil millones de pesos respecto al año anterior? Porque hay honestidad.
“¿Cómo se explica que hayan salido de la pobreza 13.5 millones de personas o que hayamos aprobado el plan B para acabar con las pensiones millonarias?”
Habló sobre el envío a Estados Unidos de 94 generadores de violencia, la disminución de 44 por ciento en homicidios y la detención de funcionarios como los presidentes municipales de Tequila o de Teuchitlán.
“Hoy más que nunca es tiempo de principios, de honestidad y de la defensa de nuestra soberanía. Es tiempo de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo; hubo una transformación de raíz y nunca la vamos a traicionar.”
En torno a la solicitud de extradición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) requerirá pruebas y justificación de la urgencia, ya que nunca se había realizado con dicha premura en contra de un gobernador en funciones.
“¿Qué me corresponde? La defensa de la soberanía y la justicia; por eso dije: verdad, justicia y soberanía.”
Recordó que encontrar la verdad corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que debemos ir paso a paso a partir del envío de pruebas por parte del gobierno estadounidense.
“El pueblo de México debe tener certeza de que la presidenta no va a agachar la cabeza, defenderá la soberanía por encima de todo y también vamos a actuar con justicia.”
La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que este lunes 4 de mayo comienza la dispersión de recursos de Programas para el Bienestar conforme al calendario, en beneficio de 32 millones de beneficiarios, quienes reciben 104 mil 768 millones de pesos.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, explicó la importancia de distinguir entre una solicitud formal de extradición y una solicitud de detención provisional con fines de extradición.
En el primer caso, el artículo 10 del tratado de extradición entre México y Estados Unidos establece requisitos como anexar documentos sobre el delito que se imputa.
Para la solicitud de detención provisional con fines de extradición, el artículo 11 contempla situaciones de urgencia, es decir, donde existe riesgo de sustracción u obstaculización del proceso. Sin embargo, debe contener elementos probatorios de la urgencia, en cuyo caso comienza el plazo de 60 días para la presentación formal de la extradición.
“En este caso, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no presenta una solicitud formal de extradición, sino una solicitud de detención provisional con fines de extradición.”
A petición de SRE, la FGR determina que no existen elementos de prueba que determinen la urgencia, de modo que la solicitud no está debidamente fundamentada y es necesario obtener información adicional del gobierno estadounidense para presentarla ante un juzgado mexicano.
En el mismo sentido ordenan el artículo 16 de nuestra Constitución y los artículos 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Con el fin de preservar el debido proceso y la presunción de inocencia, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que los procesos de extradición deben ser solicitados de manera confidencial por parte de la institución requirente.
También acompañaron a la presidenta Sheinbaum: el coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; el asesor político de la Coordinación General de Comunicación Social de Presidencia, José Alfonso Suárez del Real; y el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz. —
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