Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará este lunes la iniciativa de reforma constitucional a la Cámara de Diputados con el objetivo de aplazar la elección del Poder Judicial a 2028 para facilitar la participación del pueblo de México.
Adelantó que, de ser aprobada esta propuesta, las elecciones judiciales y ordinarias podrán celebrarse en la misma ubicación, garantizando que los representantes de partidos no intervengan en este ejercicio ciudadano.
La jefa del Ejecutivo federal recordó el caso en 2025 de Veracruz y Durango, estados que concentraron los comicios para el Poder Judicial y presidencias municipales, lo que ocasionó que la población acudiera a dos casillas en diferente dirección y disminuyera la participación.
“Mejor concentrémonos en la elección de los poderes Ejecutivo y Legislativo, estatales y federales.”
En conferencia de prensa matutina, señaló que la elección judicial de 2028 podrá ser concurrente con la revocación de mandato, de solicitarse conforme al artículo 35 constitucional.
“Es mover la elección al Poder Judicial del 2027 al 2028. En caso de que haya revocación de mandato en el 2028, se hace el mismo día y en la misma casilla; además, hay algunas modificaciones para facilitar la boleta, de tal manera que sea más sencillo para las y los electores.”
Indicó que, de acuerdo con el análisis de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, es necesario el ajuste de fechas dada la magnitud de la próxima jornada electoral en 2027, que contempla 17 gubernaturas, presidencias municipales, así como diputaciones federales y locales.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, informó las seis características principales de la propuesta en la elección del Poder Judicial:
1. Nueva fecha de jornada electoral: domingo 4 de junio de 2028, a nivel federal y local. Las elecciones judiciales posteriores estarán apegadas a los procesos ordinarios de 2030, 2033 y 2036 para renovar vacantes generadas.
En 2028 se renovarán cuatro magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 463 magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito y 385 jueces de distrito.
En los poderes judiciales locales se elegirán 424 magistrados y dos mil 831 jueces de 25 estados.
2. Creación de la Comisión Coordinadora con el propósito de homologar metodologías y criterios de los comités de evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Las tres personas elegidas por los comités de cada poder integrarán la Comisión Coordinadora, encargada de verificar el cumplimiento de requisitos formales para la elegibilidad de aspirantes y determinar reglas de selección, incluido el examen de conocimiento.
3. Reducción del número de candidatos por poder a fin de facilitar la elección. En este caso, los comités evalúan conocimientos, competencias, antecedentes y fama pública de los aspirantes para seleccionar a las cuatro personas mejor evaluadas.
Se realiza la insaculación pública que reduce a dos candidaturas por cargo, especialidad y paridad de género.
Con ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pasaría de 81 candidatos a 54; el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), de 45 a 30; y TEPJF, de 63 a 42.
4. Simplificación de la boleta electoral; es decir, cada elector votará por un juez y un magistrado para cada una de las especialidades entre las candidaturas de los tres poderes.
Las boletas distinguirán por colores las candidaturas que postule cada Poder, incluyendo a magistrados y jueces en funciones que quieran reelegirse. Para ello, el Instituto Nacional Electoral (INE) dividirá el territorio en los distritos judiciales que sean necesarios para garantizar este derecho.
5. Capacitación permanente obligatoria de todos los jueces y magistrados. Con ello, el Tribunal de Disciplina Judicial, en coordinación con la Escuela Judicial, implementará programas de actualización y capacitación permanentes para todas las personas juzgadoras.
La ley detallará criterios, plazos y reglas aplicables a las evaluaciones.
6. Los poderes judiciales locales refuerzan criterios para que las elecciones judiciales de los estados repliquen las reglas del federal, incluidas las bases, etapas, procedimientos, términos, plazos, modalidades, requisitos y duración.
Asimismo, específica la creación de los comités de evaluación con criterios y metodologías unificadas; insaculación obligatoria de candidaturas, reducción de aspirantes en las boletas, evaluación de desempeño durante el primer año y capacitación permanente.
Adicionalmente, la iniciativa garantiza que el escrutinio y cómputo de votos se realicen en las mismas casillas donde fueron sufragados; y la creación de dos secciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que desahoguen asuntos menores.
También considera que, en caso de fallecimiento, renuncia o destitución de jueces y magistrados, el cargo estará vacante para renovarse en la próxima elección; actualmente lo ocupa el segundo lugar.
Contempla el adelanto de tres meses en el plazo del Senado de la República para emitir la convocatoria general, de septiembre a abril del año anterior a la elección, para que los comités tengan tiempo suficiente de evaluar candidaturas.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal estimó que la iniciativa de reforma sea analizada y, en su caso, aprobada a inicios de junio en el pleno de la Cámara de Diputados para posteriormente ser enviada al Senado de la República.
También acompañó a la presidenta Sheinbaum: el coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de México, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; el asesor político de la Coordinación General de Comunicación Social de Presidencia, José Alfonso Suárez del Real; y el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz.
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