En conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que enviará una iniciativa de reforma a la ley electoral para evitar riesgos por vínculos con delincuencia organizada en candidaturas para puestos de elección popular.
“Trabajamos una propuesta hace tiempo y queremos aprovechar el periodo extraordinario. (…) Tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político con algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada.”
La primera mandataria afirmó que esta propuesta se deriva de algunos casos de presidentes municipales actualmente vinculados con delincuencia organizada.
“Todo tiene que estar en el marco de la presunción de inocencia que marcan nuestra Constitución y las leyes. Además, son casos aislados, no son casos generalizados, pero es importante que en la elección de 2027 se presente un mecanismo que permita a los partidos políticos saber si una persona que se postula por el partido tiene o no algún antecedente.”
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, expuso que la iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) será enviada a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Esta propuesta busca establecer mecanismos para que los partidos políticos puedan conocer, con toda la información necesaria, posibles riesgos de vínculos con delincuencia organizada en las candidaturas a partir del proceso electoral de 2027.
Para este propósito, se considera la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dependiente del Instituto Nacional Electoral (INE), integrada por cinco consejeros electorales elegidos por el Consejo General por un periodo de tres años.
Esta comisión actuará como vínculo entre partidos políticos que participen de manera voluntaria e instituciones de seguridad, inteligencia y procuración de justicia para recibir información sobre los candidatos.
La información será provista por organismos como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Los partidos políticos que decidan participar compartirán la lista de aspirantes a candidaturas a la Comisión que evaluará y determinará, junto con las autoridades correspondientes, posibles riesgos; con este análisis se informará a los partidos políticos y, en caso de existir algún indicio o antecedente, estos determinarán si continúan con el registro de la candidatura.
En caso de encontrarse indicios sobre el aspirante, se iniciará la investigación correspondiente.
Los aspirantes a las candidaturas, independientemente del partido político por el cual deseen postularse, deberán aceptar ser evaluados; todo el proceso se realizará en condiciones de confidencialidad.
También acompañaron a la presidenta el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, y la subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez Pérez.
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